Comunicado 30 de abril de 2019

Los derechos de niñas, niños y adolescentes  deben ser agenda  prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo2019-2024

 Comunicado 30 de abril de 2019

• Chiapas tiene los mayores índices de pobreza y mortalidad infantil, embarazo adolescente y rezago escolar a nivel nacional
• Sin política pública ni presupuesto será imposible revertir condiciones que sistemáticamente afectan el buen vivir de los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en la entidad.

Chiapas, México a 30 de abril de 2019.

Chiapas tiene la población infantil más numerosa del país, cuatro de cada diez personas tienen menos de 18 años de las cuales el 83.8% vive en pobreza.[1]  En regiones como Los Altos, niñas y niños indígenas siguen muriendo por causas prevenibles como enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas lo que sitúa al estado en el noveno lugar nacional en mortalidad infantil.[2]  Los proyectos escolares de miles de jóvenes se truncan en la secundaria.  Solamente siete de cada diez adolescentes concluyen su educación básica lo que coloca al estado con el segundo menor promedio de escolaridad a nivel nacional. [3]

La violencia contra la infancia se refleja en los embarazos adolescentes de niñas de 10 a 14 años con la segunda tasa más alta del país y también en las desapariciones y feminicidios.  En 2018 y lo que va de 2019 han desaparecido 146 niñas, niños y adolescentes, y 7 niñas y adolescentes fueron asesinadas.[4]

Asimismo, el contexto de violencia social e institucional que se vive en la entidad ha generado el desplazamiento forzado de más de tres mil niñas, niños y adolescentes en 2017 y 2018 que aún no pueden retornar a sus comunidades de origen y miles más que vienen viajando de diferentes países de América Central son detenidos y sometidos a tratos crueles, humillantes y entornos torturantes, ya que los albergues destinados para la protección y atención integral, terminan siendo anexos de las estaciones migratorias, privándoles de su libertad.

En el 2018 fueron detenidos 31,717 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 81.86% fueron deportados de forma inmediata sin garantizar el cumplimiento del debido proceso o de acceso a la protección internacional;  no existen datos desagregados sobre niños, niñas y adolescentes solos, no acompañados ni acompañados;  de enero a febrero del año 2019 han habido 5121 detenciones y 3692 deportaciones.[5]

Frente a estas graves situaciones observamos con preocupación que el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) no esté claramente considerado en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024  lo que implicaría que los objetivos y estrategias en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes quedarían nuevamente fuera de la agenda estatal y con pocas o nulas posibilidades de contar con presupuesto.  Ello representaría serias dificultades para detener y revertir condiciones que sistemáticamente afectan el buen vivir de los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en la entidad.

En ese sentido hacemos un llamado al gobernador del estado como presidente del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) , instalado el pasado 16 de abril,  así como al Congreso y Ayuntamientos, a que en el marco de sus competencias:

• Garanticen la incorporación del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA), aprobado en noviembre de 2018, en el Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo y asignar recursos para su adecuada implementación.
• Impulsen la instalación y funcionamiento de los 124 Sistemas Municipales de Protección con la participación de actores de la sociedad civil.
• Fortalezcan las Procuradurías de Protección a nivel estatal y municipal garantizando que cuenten con recursos técnicos, financieros y operativos y un adecuado seguimiento
• Observen y respeten el principio del interés superior en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y en todas las decisiones y actuaciones del Estado.
• Generar las condiciones, los espacios y los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes sean escuchados y tomados en cuenta para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y en la toma de decisiones sobre todos los asuntos que les afectan.

Asimismo, ante el contexto en la frontera, solicitamos la instalación de una mesa permanente de diálogo interinstitucional con las organizaciones de la sociedad civil para la creación de rutas de atención a niñas, niños y adolescentes reconociendo la crisis humanitaria presente.

Desde REDIAS reafirmamos nuestro compromiso a favor de los derechos de la infancia y exhortamos a las autoridades de todos los niveles a comprometerse con las niñas, niños y adolescentes y trabajar a favor del cumplimiento de sus derechos humanos.

Atentamente:

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.

[1] La Infancia Cuenta 2017, REDIM en base a datos de CONEVAL 2016

[2] La Infancia Cuenta 2017, REDIM en base a datos de CONAPO 1990-2010, 2010-2030

[3] Encuesta Intercensal 2015, INEGI

[4] Melel Xojobal AC y Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, (COLEM)

[5] Estadísticas 2018, Secretaria de Gobernación (SEGOB) – Unidad de Política Migratoria

 

Sin demoras ni pretextos, urge que la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sea una realidad en Chiapas.

Sin demoras ni pretextos, urge que la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sea una realidad en Chiapas.

• En Chiapas, el porcentaje de población infantil viviendo en condiciones de pobreza creció en el sexenio de Manuel Velasco en casi 10%.
• Millonarios desvíos de recursos, opacidad y nula rendición de cuentas, frente a la ausencia de presupuesto asignado a fortalecer el nuevo marco institucional en beneficio de la infancia y adolescencia chiapaneca.

Chiapas, México a 20 de noviembre de 2018. Hoy es un día importante para las niñas, niños y adolescentes que viven y transitan por Chiapas ya que se celebra el Día Universal de la Infancia. Además, se conmemora el 29° aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos de la Niñez, la cual establece una serie de derechos, incluidos los relativos a la vida, la salud y la educación, a la protección frente a la violencia y la discriminación, y a que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones.

Es un día de celebración por los avances logrados en el país a casi tres décadas de la aprobación del más universal de los tratados internacionales, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de la infancia en situación de exclusión social y marginación, dar a conocer sus Derechos y sensibilizar sobre la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.  

En 2012, en Chiapas el 74% de la población vivía en situación de pobreza, mientras que, en 2016, ocupó el primer lugar a nivel nacional, con 83% de la población. [1] También ocupa el primer lugar en pobreza extrema con 31%, mientras ocurren en Chiapas cientos de muertes de niñas, niños y adolescentes por enfermedades que se pudieron prevenir y atender a tiempo. A la par, se continúan documentando desvíos millonarios de recursos destinados al Sistema DIF, así como a fortalecer el frágil sistema de salud público de la entidad.

En ese contexto las organizaciones integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) expresamos nuestra preocupación por las demoras y omisiones en la implementación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas (LDNNACH). Resulta lamentable que a más de dos años de su instalación, aún no se haya realizado la Segunda Sesión del Sistema de Protección Integral de las Niñas Niños del estado de Chiapas (SIPINNA) para dar respuesta integral y coordinada a la niñez ante las graves situaciones de emergencia humanitaria que se han presentado en el último año y medio, tales como el sismo del 7 de septiembre de 2017, los sistemáticos desplazamientos forzados en diferentes comunidades indígenas y el tránsito de miles de niñas y niños migrantes; así como ante el creciente numero de feminicidios de niñas y adolescentes que en sólo en 2018 suman 9 casos.

Asimismo, nos preocupa el desconocimiento de los funcionarios públicos del marco legal que protege los derechos de la infancia, así como la ausencia de financiamiento para un adecuado funcionamiento del SIPINNA estatal, los 122 SIPINNAS municipales y las Procuradurías de Protección. Desde el 2015, fecha de promulgación de la LDNNACH, el Congreso Estatal no ha destinado ni un sólo peso para su implementación.

De igual manera, queremos llamar la atención sobre la pendiente aprobación del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) y la necesidad de que se asignen recursos para su adecuada implementación. Dicho Programa contiene las políticas y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de la infancia y adolescencia, y aún tiene que ser integrado en el Plan Estatal de Desarrollo. En la próxima administración estatal se requieren mejores decisiones presupuestarias que aseguren una mayor y mejor distribución de la inversión pública en niñez y adolescencia desde el enfoque de derechos, con objeto de asegurar el bienestar y equidad a largo plazo.  

En esta fecha, queremos insistir en la necesidad impostergable de que la Procuraduría Estatal de Protección articule acciones concretas para proteger garantizar la vida y la salud de la niñez afectada por la violencia política y los desplazamientos forzados, que han provocado que, tan sólo durante 2018 más de 2600 niñas, niños y adolescentes habitantes de los municipios de Aldama, Chenalhó, Chalchihuitán, El Bosque,  Ocosingo, y Zinacantán, se vean obligados a dejar su hogar y a sobrevivir en condiciones extremas. El SIPINNA y las Procuradurías de Protección, actualmente integradas en los Sistemas DIF, son las instancias responsables de coordinar las tareas de atención ante desplazamientos forzados, así como de realizar planes de restitución de derechos que han sido vulnerados.

Las organizaciones que integramos la REDIAS reiteramos nuestro compromiso en contribuir al fortalecimiento de las leyes, instituciones, programas y acciones en beneficio de la niñez y adolescencia chiapaneca, para que sus derechos sean reconocidos y garantizar su bienestar y desarrollo. 

En este sentido instamos al gobernador electo, Dr. Rutilio Escandón, como próximo presidente del SIPINNA estatal, a comprometerse para:

• Fortalecer del SIPINNA estatal, sesionando en tiempo y forma, incrementando las capacidades de operación de la Secretaría Ejecutiva, y asignando recursos suficientes para su adecuado funcionamiento.
• Fortalecer las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel estatal y municipal.
• Integrar el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) en el Plan Estatal de Desarrollo y asignar recursos para su óptima implementación.
• Generar las condiciones, los espacios y los mecanismos para que la opinión de niñas, niños y adolescentes sea escuchada y tomada en cuenta en la toma de decisiones en los asuntos que les afectan, a nivel personal, familiar, comunitario, escolar y político.

 

Atentamente,

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., Vientos Culturales A.C., World Vision México.

[1] Red por los Derechos de la Infancia, en base a estimaciones de CONEVAL e INEGI

Pronunciamiento sobre Éxodo Migrante, Redias 30/10/2018

 

Estado mexicano está obligado a garantizar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes que integran la Caravana-Éxodo Migrante y a proveer asistencia humanitaria sin detenerles o deportarles.

Pronunciamiento

• Las leyes y tratados en materia de garantía de Derechos de niñez y adolescencia migrante mandatan la no detención, ni su deportación, en apego a su interés superior
• Las condiciones de violencia, exclusión social, corrupción y pobreza que les obligan a migrar, permanecen inalteradas.

El pasado 13 de octubre la entonces denominada “Caravana Migrante” salió de Honduras para alcanzar los Estados Unidos en busca de refugio, huyendo de la violencia, la guerra, el hambre y la pobreza extrema, consecuencias de la explotación y despojo de los territorios del sistema capitalista neoliberal, además de los desastres naturales y pérdida de cosechas por el cambio climático.  Apenas una semana más tarde, el 19 de octubre, la caravana alcanzó la frontera entre Guatemala y México y logró pasar las vallas del control fronterizo guatemalteco tras días de largas caminatas, tensión y hostigamiento.En ese momento, alrededor de ocho mil personas migrantes se concentraron en la frontera con Guatemala a la espera de ingresar al país. El gobierno mexicano respondió con represión y detención migratoria. Aproximadamente la tercera parte eran bebés, niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos no acompañados, con alguna discapacidad, malnutrición y enfermedades derivadas de las condiciones climatológicas extremas y del cansancio. Además, se encuentran mujeres embarazadas, y familias integradas por hasta tres generaciones.

Los desafíos se han agravado durante el tránsito por el país donde continúa el hostigamiento a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, aplicando políticas de control migratorio destinadas a castigarles y disuadirles: ayuda condicionada, desinformación sobre sus derechos, deportación y hostigamiento por parte de autoridades migratorias, policiacas y militares. Esto, en lugar de protegerles y respetar sus derechos humanos en apego al Interés Superior de la Niñez que mandata el artículo 4º de la Constitución Mexicana.

Hoy, la asistencia humanitaria está siendo condicionada a la detención migratoria; como ejemplo está la Feria Mesoamericana, un espacio habilitado por el gobierno estatal en la ciudad de Tapachula que funciona como centro de detención, en ningún caso aceptable para niños, niñas y adolescentes, ya que propicia la separación familiar, dificulta una respuesta integral y coordinada desde distintas instituciones y contribuye a la incertidumbre afectando el estado general de las personas.

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas (LDNNACH) mandata la no detención de niñas y niños en centros migratorios, la implementación de medidas especiales de protección, de mecanismos y protocolos que garanticen en todo momento el Interés Superior de la Niñez. En ninguna circunstancia la atención puede condicionarse al proceso de regularización.   

Esta crisis humanitaria sólo se resolverá cuando las condiciones en los países de origen de las niñas y niños no les obliguen a migrar; cuando existan más opciones para hacerlo mediante vías regulares; y cuando las políticas a nivel regional, nacional y local adopten principios basados en derechos, en los que el interés superior de la niñez sea una norma esencial, y se garantice el acceso a protección internacional. Una verdadera resolución de este dilema humano puede llevar años, pero las iniciativas tienen que emprenderse ahora.

En ese sentido, sin obviar las necesidades inmediatas relacionadas con este Éxodo Migrante, debe haber una reforma integral de la política migratoria vinculada a la infancia y adolescencia, para asegurar la preeminencia de la política de protección integral sobre la de control migratorio, en todas las normas, medidas y decisiones que afecten los derechos de la niñez migrante y solicitante de asilo.

Por todo lo anterior, las organizaciones que conformamos la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) exigimos:

1. Protección y seguridad a la niñez y mujeres embarazadas:
   • El Estado mexicano debe garantizar el bienestar físico de todas las niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas en movimiento, incluyendo los caminos que transitan, los espacios de descanso en localidades, albergues y parajes a lo largo de las carreteras. Deben procurarse condiciones de dignidad y protección (techo, alimentación adecuada a la edad, agua, saneamiento, servicios médicos suficientes y de calidad).
   • Ello incluye abstenerse de brindar una respuesta represiva y tomar todas las acciones para que la infancia y la adolescencia migrante transiten en condiciones de seguridad sin mayores obstáculos.

1. La no detención y/o deportación de niñas, niños y adolescentes:
   • El Estado mexicano debe anular y eliminar   las   normas, mecanismos y prácticas   institucionales que establecen la detención de niñas, niños y adolescentes y las de sus familiares. Se debe establecer en forma clara que en ningún caso la privación de libertad se corresponde con el interés superior de la niñez, por lo cual deben adaptarse las políticas y prácticas institucionales a ese principio. Mientras persistan prácticas de privación de libertad de la niñez migrante y solicitante de asilo, se debe asegurar de manera amplia el acceso de organizaciones de la sociedad civil y de tutores y abogados a las estaciones migratorias y los albergues del Sistema DIF donde hubiere niñas y niños detenidos a disposición del INM.
   • Hasta que no se haga efectivo el principio de no detención se debe disponer el traslado inmediato de todas las niñas y niños detenidos a lugares adecuados que no impliquen privación de libertad y garanticen su custodia por personal de las Procuradurías de Protección a la Infancia.
   • El Estado mexicano está obligado a facilitar a las personas desplazadas información suficiente sobre acceso a regularización, protección internacional y reconocimiento de la condición de refugiadas, respetando en todo momento los principios de interés superior de la niñez y de unidad familiar, mediante la gestión de alternativas a la detención y atención humanitaria integral.

1. Asegurar la no separación familiar:
   • Para las niñas, niños y adolescentes solicitantes de retorno, en procesos de refugio o detenidos en estaciones migratorias, se debe garantizar información clara, accesible y completa sobre los procedimientos, condiciones y plazos a realizar tanto por las autoridades mexicanas como por las autoridades de su país de origen, garantizando en todo momento el derecho a la unidad familiar durante los procesos administrativos migratorios.
   • Dichas instancias deberán determinar el interés superior de la niñez como base para determinar el proceso administrativo, incluyendo la no devolución a sus países de origen.

1. Implementar medidas de protección especiales y urgentes:

• Las procuradurías federal, estatales y municipales de protección de niñas, niños y adolescentes están obligadas y facultadas para garantizar los derechos humanos de esta población, determinando, coordinando y dando seguimiento a medidas de protección especiales y urgentes para restituir derechos vulnerados.

 

Atentamente,

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., Vientos Culturales A.C., World Vision México.

#NiñezMigrante

#CaravanaMigrante

#ÉxodoMigrante

#MigrarEsUnDerecho

Ausente la agenda de infancia en el proceso electoral de Chiapas – Comunicado

Ausente la agenda de infancia en el proceso electoral de Chiapas

Comunicado

• Los derechos de la niñez, grandes ausentes en las propuestas de candidatos y candidatas a puestos de elección popular.
• Urgente que la nueva administración del gobierno estatal asuma compromisos para el fortalecimiento institucional y presupuestal de las instancias responsables de garantizar los derechos de los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en el estado.

Chiapas tiene la población infantil más numerosa del país, cuatro de cada diez personas tienen menos de 18 años de las cuales el 82% vive en pobreza.[1]  En regiones como Los Altos, niñas y niños indígenas siguen muriendo por causas prevenibles lo que sitúa al estado en el segundo lugar nacional en mortalidad infantil.[2] La violencia contra la infancia se refleja en sus expresiones más graves, feminicidios y desapariciones, sólo de 2017 a la fecha 10 niñas y adolescentes han sido asesinadas y 55 han desparecido.[3]

 El contexto de violencia social e institucional que se vive en la entidad ha generado el desplazamiento de más de tres mil niñas, niños y adolescentes en lo que va del año y miles más que vienen viajando de diferentes países de América Central son detenidos y sometidos a tratos crueles y humillantes. En 2017 fueron detenidas 6,831 niñas, niños y adolescentes por razones migratorias, lo que asciende a un 38% del total nacional.[4] Se estima que el 95% de ellas fueron deportadas sin ofrecerles ninguna medida de protección.[5]

Cabe destacar que, en Chiapas, los proyectos escolares de miles de jóvenes se truncan en la secundaria. Solamente siete de cada diez adolescentes concluyen su educación básica lo que coloca al estado con el menor promedio de escolaridad a nivel nacional. [6]

Frente a las graves situaciones que cotidiana y sistemáticamente impiden el buen vivir de los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en la entidad, desde la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) observamos con preocupación la ausencia de los derechos de la niñez en las plataformas electorales y propuestas de gobierno.

Desde su nacimiento en 2013, las organizaciones que integramos REDIAS hemos trabajado de manera coordinada para fortalecer los marcos normativos, políticas públicas y mecanismos a favor de las infancias en el estado. Con la promulgación de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Chiapas (LDNNACH) en junio de 2015, reconocemos que hubo un avance significativo en materia de derechos humanos de la infancia sin embargo persisten importantes desafíos que requieren ser atendidos por la nueva administración para la lograr que la ley se vuelva una realidad.

En mayo de 2016 se instaló el Sistema Integral de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), instancia responsable de desarrollar los mecanismos y garantías necesarias para implementar políticas de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, sin embargo, a la fecha no cuenta con recursos para operar y sólo ha sesionado una vez en dos años lo que ha retrasado gravemente su actuación.

El contexto actual ofrece una oportunidad única para establecer e incorporar, desde la elaboración de las propuestas de gobierno de las y los candidatos a cargos de elección popular, la responsabilidad y el compromiso con los derechos de la infancia y la atención a temas esenciales que afectan a niñas, niños y adolescentes en el estado. En ese sentido, es urgente que la próxima administración pueda elevar el nivel político e institucional del SIPINNA dotando el máximo de los recursos humanos y financieros disponibles para cumplir con sus obligaciones a nivel estatal y municipal en los tres órdenes de gobierno.

Una verdadera democracia implica que la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean cabalmente respetados y garantizados, que sus necesidades sean atendidas con especial énfasis y que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones de gobierno.

 En este sentido consideramos fundamental contar con inversión y con la voluntad política del próximo titular del Ejecutivo del Estado, así como del poder Legislativo y los Ayuntamientos para desarrollar y construir a nivel estatal un marco institucional y de políticas públicas capaz de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez.

 Desde REDIAS reafirmamos nuestro compromiso a favor de los derechos de la infancia y  hacemos un llamado a quienes resulten electos a los distintos cargos de responsabilidad a nivel estatal y municipal a comprometerse con las niñas, niños y adolescentes y trabajar a favor del cumplimiento de sus derechos humanos.

Atentamente:

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.

 

#MXPorLaNiñez / Facebook: @REDIAS / Twitter: @REDIAS / URL: www.redias.wordpress.com

[1] Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, UNICEF-CONEVAL, 2014

[2] La Infancia Cuenta 2016, REDIM en base a datos de Dirección General de Información en Salud – Secretaría de Salud 2015

[3] Melel Xojobal AC y Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, (COLEM)

[4] Boletín Estadístico 2017, Secretaría de Gobernación (SEGOB) – Unidad de Política Migratoria

[5] Estadísticas COMAR 2013-2017, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)

[6] Encuesta Intercensal 2015, INEGI

COMUNICADO #30deAbril

Ineludible la inversión pública para la niñez y la adolescencia chiapaneca para reducir la desigualdad y la exclusión

COMUNICADO #30deAbril

• Las más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en Chiapas no cuentan con condiciones ni mecanismos para el ejercicio y protección de sus derechos.
• Sin recursos ni voluntad política, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas es letra muerta.

30 de abril de 2018, Chiapas, México – La implementación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas (LDNNACH) presenta graves deficiencias por falta de voluntad política y recursos para operar. A tres años de haber sido aprobada, el gobierno estatal aún no ha presentado la versión final del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los 122 Sistemas Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes  (SIPINNA) fueron instalados pero no operan y las Procuradurías de Protección a la Infancia son sistemáticamente omisas en su actuación para atender violaciones graves a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

La LDNNACH mandata la conformación los SIPINNA con la participación de los sectores social y privados así como de niñas, niños y adolescentes, cuya responsabilidad es establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  A la fecha, el Sistema Estatal de Protección no ha sesionado de forma ordinaria desde marzo de 2017 y ninguno de los 122 Sistemas Municipales que fueron instalados, operan.

Los datos e indicadores dan cuenta de las condiciones de marginación, discriminación y violencia que vive la niñez en en el estado.  Desde 2017, más de veinte niñas, niños y adolescentes han fallecido víctimas de los conflictos políticos y sociales en Chenalhó, Oxchuc, Chalchihuitán y Aldama que no han sido atendidos adecuadamente por el estado mexicano en su conjunto. El 82% de la niñez en Chiapas aún viven en situación de pobreza y el 36.1% de las infancias indígenas presentan alguna situación de carencia social [1].

Ante estos escenarios observamos con preocupación que las autoridades estatales y municipales desconocen el marco legal que protege los derechos de la infancia y mantienen graves vacíos institucionales para su cumplimiento.  La presentación del Programa Estatal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes donde deben quedar asentados los objetivos estrategias y acciones para la protección y cumplimiento de derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, tiene más de un año de retraso.  Por otro lado, desde el 2015, el Congreso Estatal no ha destinado ni un sólo peso para el funcionamiento del SIPINNA ni de su Secretaría Ejecutiva que a la fecha carece de una estructura propia y recursos para operar. Estas omisiones del gobierno estatal profundizan la desprotección y exclusión de las infancias quienes son las principales víctimas de la impunidad, la corrupción y la violencia.

En la coyuntura electoral, observamos con preocupación que los múltiples cambios en la administración pública estatal han debilitado la de por sí frágil institucionalidad del SIPINNA y su Secretaría Ejecutiva. Además, advertimos con indignación la utilización ilegal de niñas, niños para promover campañas de partidos políticos de todos los niveles.

Por todo lo anterior, en este #30deAbril, día del niño y de la niña, insistimos en la necesidad del fortalecimiento del SIPINNA y las Procuradurías de Protección, a nivel estatal y municipal.  Su correcta operación son acciones fundamentales e impostergables, para garantizar condiciones para la supervivencia y desarrollo de todas las niñas, niños y adolescentes en el estado.   Asimismo, hacemos un llamado a todas las candidatas y candidatos a puestos de elección popular a evitar la utilización de niñas, niños y adolescentes en sus campañas y a verdaderamente escuchar su voz e incluir en sus agendas compromisos claros a favor del cumplimiento de sus derechos. 

Atentamente:

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.

#MXporLaNiñez / Facebook: @REDIAS / Twitter: @REDIAS / URL: www.redias.wordpress.com

[1] INEGI, 2015. Encuesta Intercensal 2015. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2015/702825079727.pdf

Es obligación de los gobiernos estatal y municipal garantizar la protección de todos los Derechos de todas las niñas, niños y adolescentes afectados por conflictos sociales.

Es obligación de los gobiernos estatal y municipal  garantizar la protección de todos los Derechos de todas las niñas, niños y adolescentes afectados por conflictos sociales.

PRONUNCIAMIENTO

19 de febrero de 2018, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – El pasado 16 de febrero, 4 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad fueron lesionados por arma de fuego, y un joven de 20 años perdió la vida, luego de que un grupo de alrededor de 50 personas armadas fuertemente intentó desalojar a los habitantes de predio la Libertad antes INI, al norte de la ciudad. En el enfrentamiento varias casas resultaron incendiadas. La disputa por este predio data de 2015, cuando en un enfrentamiento entre integrantes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIO-AC), una adolescente resultó lesionada.

Diversos testimonios indican disparos con armas de fuego de armas de alto poder en los días previos y posteriores a los lamentables sucesos, y tensión en la zona, poniendo riesgo a la vida e integridad de las familias que habitan y transitan en esta parte de la ciudad, afectando notablemente su salud emocional, siendo las niñas y niños los más afectados y vulnerables.

Atender y prevenir los conflictos, en el marco del respeto de los derechos humanos y en apego a las obligaciones establecidas por la ley, es una obligación de los gobiernos estatal y municipal. Además, la Procuraduría de Atención a la Infancia y Adolescencia debe tomar medidas urgentes para proteger a niñas, niños y adolescentes cuyas familias y comunidades se encuentran en disputas por conflictos agrarios, políticos, económicos    , religiosos o de cualquier otra índole.

Las organizaciones que integramos la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), demandamos urgentemente:

• Se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales para esclarecer las agresiones y sancionar a los culpables.
• Se investigue la presencia de grupos armados en el municipio, los cuales actúan con impunidad ante la aquiescencia de las autoridades municipales y estatales.

Atentamente:

 Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.

#NiñezPrimero / Facebook: @REDIAS / Twitter: @REDIAS / URL: www.redias.wordpress.com

Grupos armados operan con aquiescencia del Estado mexicano en Los Altos de Chiapas

 

Las organizaciones integrantes de REDias- Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas se suman a la exigencia de un alto al fuego y de protección integral e inmediata de los Derechos Humanos de todos los pobladores de las comunidades afectadas. #PazChenalhoChalchihuitan

Urgen medidas cautelares que protejan a la población ante amenaza de “acciones drásticas” por parte de los agresores

La situación de violencia generalizada es similar en otras regiones ante omisión del gobierno

Manifestamos nuestra preocupación por el continuo riesgo a la vida, integridad y seguridad de la población de las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán, así como de las personas que transitan por la región y en especial, la falta de atención eficaz por parte del gobierno de Chiapas ante la emergencia humanitaria por desplazamientos masivos.

Testimonios directos nos documentan la aquiescencia del Estado mexicano ante la presencia de grupos armados que controlan el territorio en los Altos de Chiapas. El gobierno de Chiapas es responsable de graves violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia generalizada, en una zona de histórica impunidad y protección estatal a paramilitares, ha sido inoperante para disuadir las agresiones y las instancias de impartición de justicia no han actuado. Esta situación escala en niveles de conflictividad en otras regiones.

PRONUNCIAMENTO INTEGRAL:

https://frayba.org.mx/grupos-armados-operan-con-aquiescencia-del-estado-mexicano-en-los-altos-de-chiapas/

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DE REDIAS ANTE LOS DESASTRES NATURALES Y LA RECONSTRUCCIÓN

Ante los desastres naturales y la reconstrucción, en Chiapas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser los primeros en recibir atención.

PRONUNCIAMIENTO

• Es prioritario e impostergable destinar la mayor parte de los recursos públicos a la reconstrucción de escuelas, viviendas y comunidades donde niñas y niños fueron profundamente afectados.
• El Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas no está asumiendo su función de coordinar desde este espacio las acciones de seguimiento a la emergencia y reconstrucción con enfoque de derechos de la infancia y adolescencia.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 13 de noviembre de 2017.-  En el marco del 28° Aniversario de la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN), las organizaciones integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) denunciamos la poca o nula respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante la grave situación que vive la infancia y la adolescencia chiapaneca afectada por el sismo del pasado 7 de septiembre.

Los fenómenos naturales se convierten en “desastres” por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 77% de la población en la entidad[1], y por la corrupción e incapacidad de actuación del Estado. De acuerdo con la información difundida por el Sistema Estatal de Protección Civil, 97 de 122 municipios del estado resultaron con afectaciones y fueron declarados en Desastre, lo que equivale al 79% del total;  y se contabilizaron más de 80 mil 500 viviendas afectadas, de las cuales alrededor de 58 mil tienen daños parciales y más de 22 mil deberán ser demolidas.[2] Registros realizados por la sociedad civil organizada, indican que al menos 2337 escuelas resultaron afectadas, lo que equivale a 18,930 docentes sin lugar para ejercer su trabajo y a 424,003 alumnos sin clases desde hace poco más de dos meses. [3]

La respuesta por parte de las instituciones públicas ha sido descoordinada e insuficiente tanto como en la atención inmediata, como en el proceso de reconstrucción.  De acuerdo a la información recabada por iniciativas solidarias de la sociedad civil[4], en comunidades de la zona Costa, como Paredón en el municipio de Tonalá, donde se derrumbaron un elevado número de viviendas, las niñas, niños y adolescentes no tienen acceso a agua potable, se carecen de medidas para el manejo de aguas negras, y un número elevado presenta conjuntivitis como consecuencia de la falta de higiene. La suspensión de actividades escolares es indefinida y cuentan con pocos conocimientos sobre cómo responder ante fenómenos naturales y prevenir riesgos. La pérdida de vidas, el temor y la angustia ante nuevas réplicas, y la destrucción de escuelas y viviendas, está afectando de forma importante el retorno a la vida cotidiana de la niñez. La mayoría de las escuelas que han reanudado clases en la zona, lo hacen fuera de los salones de clase con el apoyo de las familias de las comunidades afectadas y prevalece la incertidumbre sobre cuándo y cómo serán reconstruidas sus casas.

El Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas (SIPINNA Chiapas) y las Procuradurías de Protección de los Sistemas DIF, son las instancias responsables de coordinar las tareas de atención en emergencias y reconstrucción, así como de realizar planes de restitución de derechos en caso de orfandad, pérdida de vivienda o retorno a la escuela en niñas, niños y adolescentes afectados.

Las autoridades de todos los niveles han sido omisas en garantizar a el derecho de prioridad establecido en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas (LDNNACH) que a la letra señala que «Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos (artículo 19)»; y negligentes en considerar como primordial el principio de interés superior de la niñez «en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes (artículo 20)».

En ese sentido, resaltamos que la participación de niñas, niños y adolescentes afectados por el sismo es primordial para la definición de acciones para atender su situación específica y la reconstrucción de sus viviendas. Hasta ahora la participación real, directa, efectiva y sistemática de la infancia y adolescencia no ha sido considerada en las sesiones de trabajo del SIPINNA estatal, ni en el diseño del Plan Estatal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, ni en la Comisión Interinstucional contra el Trabajo Infantil (CITI) ni en la Comisión para poner fin a toda forma de violencia, que son espacios donde se delinean estrategias y políticas públicas para atender o disminuir las problemáticas que les afectan.

Asimismo, nos preocupa el desconocimiento de los funcionarios públicos del marco legal que protege los derechos de la infancia así como la ausencia de financiamiento para un adecuado funcionamiento del SIPINNA estatal, los 122 SIPINNAS municipales y las Procuradurías de Protección. Desde el 2015, fecha de promulgación de la LDNNACH, el Congreso Estatal no ha destinado ni un sólo peso para su implementación.

La correcta operación del Sistema de Protección Integral de las Niñas Niños y Adolescentes -tanto a nivel estatal como municipal- así como el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de los Sistemas DIF, son acciones fundamentales e impostergables, para garantizar condiciones para la supervivencia y desarrollo de todas las niñas, niños y adolescentes afectados por el sismo.

En este sentido exigimos al gobernador Manuel Velasco Coello, como presidente del SIPINNA estatal, y a todas las instituciones integrantes a:

• Coordinar e implementar acciones de seguimiento a la emergencia y reconstrucción con enfoque de derechos de la infancia y adolescencia.
• Destinar y transparentar la asignación y uso de recursos para la reconstrucción y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes afectados por el sismo.
• Brindar información oficial clara, suficiente, actualizada y disponible para las niñas, niños, adolescentes y sus familias, particularmente sobre las escuelas que están operando, los dictámenes de evaluación estructural así como los censos de las construcciones dañadas.
• Implementar protocolos básicos para el retorno a las escuelas y dotar a las Procuradurías de Protección de los Sistemas DIF de los recursos y capacidades necesarias para realizar los planes de restitución de derechos en caso de orfandad, perdida de vivienda y otros derechos violentados.
• Incluir la participación de niñas, niños y adolescentes en todas las actividades de atención y reconstrucción, especialmente de escuelas y viviendas.

Atentamente:

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.

#NiñezPrimero / Facebook: @REDIAS / Twitter: @REDIAS / URL: www.redias.wordpress.com

[1] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Chiapas/Paginas/principal.aspx

[2] Revista Proceso, Isaín Mandujano, 20 de septiembre de 2017, http://www.proceso.com.mx/503976/contabilizan-en-chiapas-80-mil-500-viviendas-afectadas-sismo-del-7-septiembre

[3]Brigada Info Chiapas, en base a datos públicos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Chiapas https://brigadainfochiapas.files.wordpress.com/2017/09/1er_analisis_bich07s.pdf

[4]Informe parcial de las Brigadas de Acompañamiento Psicosocial, Impacto AC-Whitaker Peace & Development Iniciative-Melel Xojobal AC, Octubre-Noviembre 2017

Rechazamos la criminalización de niñas, niños y adolescentes indígenas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Melel Xojobal y la Red por los Derechos de la Infancia y la REDias- Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas rechazan la criminalización de niñas, niños y adolescentes indígenas
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

 

COMUNICADO:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 20 de octubre de 2017

• La situación de pobreza en la que vive más del 66% de la población en San Cristóbal de Las Casas, hace que niñas, niños y adolescentes junto con sus familias, vean vulnerados sus derechos de forma cotidiana.
• Denunciamos que el contenido de la noticia publicada por el Diario El Imparcial[1] promueve un discurso discriminatorio y racista contra niñas, niños y adolescentes indígenas e incita deliberadamente a la desconfianza y confusión respecto al trabajo de las organizaciones sociales que trabajamos en la defensa de los derechos humanos de la infancia.

El día lunes 16 de octubre de este año, a través de distintos medios locales de comunicación se denunció que en la Casa de La Enseñanza se habían encontrado carteras supuestamente robadas por niñas y niños indígenas, que eran controlados por una persona adulta, en negocios del centro de esta ciudad.

Hasta donde tenemos conocimiento, el personal de la Casa La Enseñanza realizó acciones para aclarar los hechos y devolver los artículos a sus propietarios. Hasta al momento no ha habido ninguna denuncia judicial al respecto.

En San Cristóbal de Las Casas, entre 2500 y 3500 niñas, niños y adolescentes trabajan o acompañan a sus familiares en sus actividades laborales dependiendo de la temporada del año.[2] Un amplio número de esta población se emplea en el comercio informal, en calles, plazas y mercados de la ciudad, mientras que el resto se ocupa en el trabajo doméstico o en pequeños comercios.

Desde Melel Xojobal y REDIAS hemos insistido en que toda acción delictiva hacia la infancia tiene que ser sancionada de acuerdo con el debido proceso y con las garantías judiciales. Sin embargo, es lamentable que se utilice este caso para criminalizar a todas las niñas, niños y adolescentes que trabajan en el espacio público, o acompañan a sus familiares mientras laboran, ante la ausencia de políticas integrales para su atención.

Las autoridades del Estado mexicano deben garantizar, hasta el máximo de sus esfuerzos, las condiciones para que los Derechos de la infancia estén protegidos y se desarrollen políticas públicas desde una perspectiva integral que contribuyan a que todas las niñas, niños y adolescentes puedan vivir en condiciones de seguridad y dignidad en nuestra ciudad. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad no sólo de la niñez, sino de toda la ciudadanía.

El abordaje de este tema por parte del Diario El Imparcial es un caso ejemplar de criminalización  al promover un discurso discriminatorio y racista contra niñas, niños y adolescentes indígenas.  Debemos distinguir entre los posibles casos de trata o corrupción de menores de edad de las actividades que realizan las familias y los niños y niñas para superar sus condiciones pobreza.

El contenido de la noticia publicada por el Diario El Imparcial incita deliberadamente a la desconfianza y confusión respecto al trabajo de las organizaciones sociales que trabajamos en la defensa de los derechos humanos de la infancia.  Si bien valoramos ampliamente las denuncias ciudadanas, reiteramos que la apuesta institucional de Melel Xojobal y REDIAS será siempre establecer un diálogo real y directo sobre el cumplimiento de los Derechos de todas las niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en Chiapas.

 De acuerdo a lo establecido en la nueva Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas (LDNNACH), el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de generar un programa de atención a la infancia y destinar recursos suficientes para asegurar condiciones de vida digna para todas las niñas y niños que viven en el municipio, incluyendo a quienes trabajan en las calles, mercados y negocios de la ciudad.  Sin embargo, este gobierno municipal se ha sumado a las omisiones históricas del Estado mexicano que han provocado que la infancia en nuestra ciudad viva en condiciones de injusticia, sin garantía de acceso a sus derechos.

Como organizaciones con una consolidada trayectoria en la protección y defensa de los derechos de la infancia y miembros de la Comisión Especializada del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reiteramos, una vez más, nuestra disposición e interés en contribuir para el adecuado funcionamiento de los sistemas municipales de protección integral para que la niñez que vive y transita en el municipio pueda disfrutar de sus derechos humanos.

Desde Melel Xojobal y REDIAS continuaremos trabajando en la implementación de la LDNNACH, la cual reconoce a niñas y niños como ciudadanos de pleno derecho, obliga a las autoridades a involucrarles en los temas que les afectan y a articular los esfuerzos de todas las dependencias públicas y sociedad civil en favor de la infancia y la adolescencia chiapaneca.

Atentamente;

Melel Xojobal A.C., Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C.,  World Vision México.

[1] https://www.facebook.com/imparcialchiapas/posts/1239729862800312

[2] Conteo de niñas y niños trabajadores y acompañantes Comparativo 2012-2014, en base a datos propios, de INEGI 2010, y CONEVAL 2010.

 

 

 

Pronunciamiento: El contexto de violencia creciente y generalizada expone a las niñas, niños y adolescentes de Chiapas a violaciones graves a sus derechos

Pronunciamiento

El contexto de violencia creciente y generalizada expone a las niñas, niños

 y adolescentes de Chiapas a violaciones graves a sus derechos.

• De enero a la fecha han sido asesinados tres adolescentes, dos de ellos en conflictos partidistas y post-electorales y el tercero se perfila como una ejecución extrajudicial.
• Asimismo, 15 mujeres han sido víctimas de feminicidio en los últimos 6 meses en la entidad, lo que refleja la constante y creciente violencia a la que están expuestas niñas y adolescentes

30 de abril de 2017, Chiapas, México –  Niñas, niños y adolescentes en la entidad se encuentran expuestos a un creciente clima de violencia e inseguridad que pone en riesgo su vida e integridad y obstaculiza el ejercicio de sus derechos humanos.

La incapacidad institucional para atender oportunamente conflictos políticos han derivado en el homicidio con arma de fuego de dos adolescentes en Chenalhó, Rodolfo Pérez y Mauro Hernández ambos de 15 años y dos mujeres adolescentes gravemente lesionadas, Rosa Pérez y Beatriz Ruiz de 16 y 17 años respectivamente, además del asesinato de Humberto Morales Sántiz (13 años), cometido en febrero de 2017 en la comunidad de El Carrizal, en el municipio de Ocosingo.

Como efecto de la violencia política, sólo en este año, cientos de familias han sido desplazadas forzosamente, habitando en condiciones que atentan contra su superviviencia y desarrollo, sin acceso a alimentación suficiente, resguardo apropiado, servicios de salud ni escuelas. El escenario actual de crisis humanitaria que enfrentan las niñas, niños y adolescentes que habitan las localidades en conflicto, pudo haber sido evitado.

Las acciones emprendidas al respecto por el Estado no toman en cuenta las causas estructurales y las consecuencias específicas de estos contextos, no responden al mandato de protección integral de la niñez ni toman en consideración su interés superior, como tampoco logran aportar soluciones eficaces y duraderas al problema.

De igual forma, observamos con profunda preocupación que a más de 5 meses de haberse dado la declaratoria federal de Alerta de Violencia de Género, se acentúan las expresiones de violencia contra las niñas y adolescentes y se acrecientan los feminicidios en distintos municipios de Chiapas, impactando negativamente a familias, comunidades y sociedad en general

Como hemos venido denunciando, la dilación y omisión de las autoridades, fiscales, peritos y jueces en la correcta impartición de justicia, así como la impunidad y complicidad de victimarios con las autoridades de distintos niveles impide otorgar medidas de protección urgentes a víctimas y familiares, conocer la verdad sin prejuicios de género y en apego a derecho, reparar el daño y adoptar medidas de no repetición.

Del mismo modo, insistimos en que acciones como el operativo “mochila segura” no representan una solución para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar que se encuentran enraizados en problemas complejos como la violencia, la ruptura del tejido social, la impunidad y la inseguridad. Coloca la responsabilidad en las víctimas, las familias y las escuelas sin resolver reconocer la responsabilidad de las autoridades estado de Chiapas en la definición de una política de protección integral.

La situación que enfrenta la infancia en Chiapas, lejos de ser motivo de acciones asistencialistas y mediáticas, como la entrega masiva de juguetes y de pares de zapatos por parte de los gobiernos estatal y municipal, debe ser un llamado de atención para que el gobierno estatal realice una fuerte inversión (no militar, ni policiaca) en aplicar medidas urgentes de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes a través del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Para hacer frente a la violencia, la inseguridad y el delito se requiere de políticas públicas integrales que tomen en consideración las diversas causas estructurales, incluyan la atención de los factores de riesgo y refuercen los factores protectores que existen, desde un enfoque que considere la centralidad de los derechos humanos.

Para ello resulta fundamental la articulación de información, recursos, programas y acciones específicas, en la que diversos actores tanto gubernamentales como de la sociedad civil organizada, colaboren y coordinen su accionar, a través de la correcta operación del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y los Sistemas Municipales.

Asimismo invitamos a tomar en cuenta la palabra de niñas, niños y adolescentes respecto a la violencia que han experimentado en sus hogares, comunidades, escuelas y lugares de trabajo, y les hagamos partícipes de las alternativas que se pongan en marcha para la disminución y prevención de la violencia.

En este 30 de abril, día del niño y la niña, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación ante la violencia e inseguridad que se vive actualmente en el estado y afecta gravemente la integridad y desarrollo de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Por ello, hacemos un llamado a:

• Al Gobierno del Estado en todos sus niveles a instrumentar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes en zonas de conflicto, particularmente en los municipios de Ocxhuc, Tila y Chenalhó.

 

• De igual forma, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que implemente medidas urgentes para proteger a niñas, niños y adolescentes cuyas familias y comunidades se encuentran desplazadas forzosamente o en conflicto por motivos agrarios, políticos, económicos, religiosos o de cualquier otra índole.
• Al Gobierno del Estado de Chiapas a implementar las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de género de forma inmediata y suficiente para detener el feminicidio y todas las formas de violencia en contra de niñas y adolescentes.
• A las autoridades de las Secretarías de Educación Pública y de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas para cancelar los operativos de «Mochila Segura» en toda la entida
• Al SIPINNA estatal, así como a la Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes, a nivel estatal y municipal, para que tomen en cuenta la participación de niñas, niños y adolescentes en las medidas a implementar para garantizar su seguridad en los planteles educativos. Las Procuradurías tienen la obligación de atender estas problemáticas y brindar apoyo a las familias a través de las instituciones vinculadas a infancia.
• Al Congreso del Estado de Chiapas para que destine recursos económicos para la atención, prevención y protección de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes desde el SIPINNA estatal que hasta la fecha no cuenta con un presupuesto para operar.

Atentamente:

Melel Xojobal AC, Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres y las Niñas